El acusado, que fue enjuiciado este pasado enero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, fue declarado culpable por un jurado popular, tras lo que se le impuso una pena de 14 años de prisión por un delito de homicidio, con agravante de abuso de superioridad, y de un año por tenencia ilícita de armas, en una sentencia que ha sido recurrida por su defensa.

El recurso de apelación, con fecha 10 de marzo, considera que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del procesado, con "error en la valoración" de la prueba, y pide la elevación del caso a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su libre absolución, o, subsidiariamente, la devolución de la causa a la Audiencia de Granada para celebrar un nuevo juicio con un nuevo jurado.

Según recogen sus representantes legales en el recurso, en la sentencia condenatoria hubo una "falta de motivación" del presidente del tribunal y del propio jurado, y una "vulneración del derecho de defensa" en tanto que "intentó aportar numerosos testimonios de las declaraciones de los testigos y ni uno solo fue aceptado por el magistrado" lo que, a su parecer, "cortó de raíz" la posibilidad de que los jurados valorasen "las mentiras y contradicciones" de las testificales propuestas por la acusación y "su posterior reflejo en el acta o el veredicto".

El hoy condenado fue declarado culpable por mayoría de un jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, que consideró probados los hechos que se fijaban como desfavorables para él.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía pidió una pena de 21 años y diez meses de prisión por la presunta comisión de delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas.

Como segunda opción, como alternativa que fue finalmente asumida por el tribunal, el Ministerio Público pidió 14 años de prisión por la presunta comisión de un homicidio, a lo que habría que sumar su petición de pena por la supuesta tenencia ilícita de armas.

Por su parte, la acusación particular, que representa a los intereses de la familia del fallecido, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pedía una pena total de 27 años de prisión por supuestos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

La defensa también elevó a definitivas, y solicitó la libre absolución, tras negar, en el inicio del juicio oral, "tajante e íntegramente los hechos", cuya relación está basada en una investigación que, mantuvo, adolece de "errores que van uno detrás de otro".

EL ACUSADO NEGÓ LOS HECHOS

En la declaración que prestó ante el jurado, el hoy condenado reconoció que tenía una "mala relación" con la víctima porque le había presuntamente "robado" más de 5.000 euros en su casa con anterioridad.

Sin embargo, aseguró que, tras reclamarle el dinero, había perdonado al finado, si bien cuando iba llegando a su casa del trabajo en la tarde del 7 de febrero de 2018 lo vio en el citado descampado, por lo que se le acercó para preguntarle "qué hacía vendiendo droga" en el barrio.

Entonces, defendió que el joven, de 24 años entonces y al que conocía desde pequeño, mostró, siempre según la versión del acusado, que está en prisión provisional por estos hechos, una "actitud chulesca" y "echó mano a la cintura y sacó algo negro", que identificó como una pistola, por lo que huyó.

"PROBLEMAS PERSONALES PREVIOS"

Tras escuchar a testigos y peritos, la Fiscalía mantuvo en su informe el grueso de su relato de los hechos, que, como la acusación particular, basó, en el inicio del juicio, en que el procesado se dirigió, sobre las 17,30 horas del pasado 7 de febrero de 2018, en busca de su víctima, con quien había tenido "problemas personales previos" debido a "la supuesta implicación de éste en la comisión de un robo" en su domicilio.

Se acercó entonces al joven y a unos conocidos del pueblo, y empuñó a la vista de todos una pistola oscura en perfecto estado de funcionamiento, de la que "no disponía licencia alguna para su manejo" y con la que dio muerte a su víctima.

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